¿Derecho a la intimidad, o encubrimiento de delito? ¿Derecho a la intimidad, o encubrimiento de delito?  13.9.08

Un nuevo real decreto para seguir burlandose de la ley. La ley de protección de datos y el código deontológico médico protege al paciente de que sus datos puedan ser vistos por personal no autorizado, pero este gobierno se ha sacado una nueva ley para codificar las historias clínicas de las mujeres que aborten para que sea mas dificil investigarlas en caso de violación de la ley que se realiza en mas del 90% de los casos. El fraude de ley del aborto tiene un nuevo aliado. MPVEl Ministerio de Sanidad y Consumo presenta a las CCAA la norma que busca garantizar
el derecho a la intimidad de las mujeres en
la interrupción voluntaria del embarazo


11 de septiembre de 2008. El Ministerio de Sanidad y Consumo, que dirige Bernat Soria, ha presentado hoy al Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) el proyecto de real decreto que ha desarrollado conjuntamente con los ministerios de Justicia e Igualdad para proteger el derecho a la confidencialidad de las mujeres que deciden interrumpir voluntariamente su embarazo.

Los acontecimientos que se produjeron hace meses en torno a varias clínicas privadas que practicaban interrupciones del embarazo, han puesto de manifiesto la necesidad de reforzar el derecho de las pacientes a la intimidad y confidencialidad de sus datos clínicos. Ante esta situación, el Gobierno de España recuerda que estará al lado de las mujeres en cualquier cuestión de salud, especialmente, en momentos tan dramáticos como los que vive una mujer cuando toma la decisión de interrumpir su embarazo.
Estos acontecimientos también afectan a los profesionales sanitarios que trabajan en los centros privados. Estos profesionales necesitan garantías para que su labor no sea puesta en entredicho, siempre y cuando actúen dentro de los límites establecidos en la ley.

La propuesta de real decreto, cuyo plazo de alegaciones venció el pasado 1 de septiembre, tiene dos claros objetivos:
• Garantizar el respeto del derecho a la intimidad de las pacientes.
• Asegurar criterios comunes de calidad en la prestación de este servicio en todo el SNS, especialmente cuando las CCAA usan medios ajenos.

DERECHO A LA INTIMIDAD Y A LA CONFIDENCIALIDAD

La Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, tiene como fin proteger la privacidad frente al uso de datos personales mediante tratamientos automatizados o manuales. Esta norma se basa en el artículo 18 de la Constitución Española, que garantiza el derecho a la intimidad personal y establece la necesidad de que legalmente se limite el uso de la informática para salvaguardar los derechos de la persona, particularmente, el de la intimidad.

Por otra parte, la Ley 41/2002 regula la autonomía del paciente y los derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Esta norma establece como principio básico el derecho a la intimidad del paciente y el respeto a la confidencialidad de sus datos, encomendando al Estado y a las Comunidades Autónomas la adopción, en el ámbito de sus respectivas competencias, de las medidas necesarias para su efectividad.

La experiencia demuestra que la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo (incluida en la Cartera de Servicios comunes del SNS) se realiza en su mayor parte a través de medios ajenos a los servicios de salud de las Comunidades Autónomas (concertación con centros privados), lo que requiere fijar criterios comunes para asegurar su calidad y equidad.

Este escenario hace necesaria una norma común para asegurar las garantías de intimidad y de confidencialidad a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo dentro de los supuestos legales.

Para lograrlo, el proyecto de real decreto propone que todos los centros públicos y privados que den esta prestación separen el historial clínico de las pacientes de los datos de carácter personal. Estos últimos quedarán ocultos bajo un código.

Este código, que se entregará a la paciente al inicio de la prestación, sólo podrá ser desvelado en el caso de que haya una autorización judicial que así lo ordene.

Esta medida tendrá carácter retroactivo, es decir, las mujeres que hayan interrumpido voluntariamente su embarazo antes de la entrada en vigor del futuro real decreto podrán solicitar al centro que lo realizó la codificación de sus datos personales, para hacer extensibles estas nuevas garantías.

GARANTÍA DE CALIDAD

El segundo gran objetivo de la normativa será garantizar el cumplimiento de unos criterios comunes de calidad en la asistencia médica a las mujeres que se sometan a una interrupción voluntaria del embarazo, especialmente cuando las CCAA opten por prestar el servicio con medios ajenos.

Estos criterios se refieren, entre otros requisitos, a:

• Consulta de toco-ginecología.

• Analítica que deberá garantizarse a las pacientes.

• Pruebas ecográficas pre y post interrupción.

• Capacidad para monitorización cardiaca sistemática.

• Seguimiento post-intervención de las posibles incidencias, que incluirá la necesaria revisión ginecológica.

Según las previsiones del Gobierno, este real decreto podría entrar en vigor antes de final de año.

 

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