Un poco de claridad jurídica sobre el aborto Un poco de claridad jurídica sobre el aborto  8.2.08

ResumenAborto y seguridad jurídica (editorial)


LA actual polémica sobre el aborto está planteándose en tales términos que demuestra que la aprobación de una ley que garantice mayores facilidades para la eliminación del feto no zanjará la polémica moral, social y jurídica sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Hace veinticinco años comenzó la tramitación parlamentaria de la ley que introdujo en el Código Penal de 1973 tres supuestos o indicaciones que despenalizaban el delito de aborto. Por tanto, la muerte voluntaria del feto se mantuvo como un acto delictivo, salvo en alguno de los tres casos en los que la ley eximía de perseguir y, por tanto, de condenar a los autores materiales del aborto y a la mujer. Las cifras actuales del aborto en España, que superan los cien mil casos, son la prueba irrefutable de que la ley de 1985 nació para no ser cumplida, pues de aplicarse estrictamente las condiciones establecidas concretamente para el tercer supuesto, relativo a los riesgos para la «salud psíquica» de la madre, el número de abortos sería sensiblemente inferior. Por tanto, una ley de plazos como la que reclaman sectores de la izquierda y de la industria abortista no supondría mayor número de abortos, sino, simplemente, la impunidad de los que actualmente se cometen contraviniendo los requisitos previstos por la sentencia del Tribunal Constitucional de 1985. En todo caso, esa ley de plazos sería abiertamente contraria al artículo 15 de la Constitución al no cumplir el presupuesto constitucional del conflicto de intereses que hace legítimo interrumpir el embarazo. La vida del feto no puede quedar al libre albedrío de la madre y si esto sucede, se comete un delito contra la vida.
Las reacciones del Gobierno y de los sectores proabortistas simulan un abanderamiento de la defensa de la mujer, pero esconden realmente un movimiento de crispación ante el temor de que el verdadero rostro del aborto, así como las irregularidades administrativas y penales detectadas hasta el momento, genere a su vez un cambio en la opinión pública. No hay ninguna conjura ultracatólica. Simplemente, la sociedad ha empezado a preguntarse qué pasa con una realidad que mata al año a cien mil fetos. El PSOE puede agitar las pasiones progresistas de quien quiera, pero ninguna ley es capaz de ocultar la naturaleza homicida del aborto, ni el hecho de que su resultado es la eliminación de una vida humana, ni la crueldad de los métodos quirúrgicos que llegan a utilizarse para desmembrar y matar al feto.
El Ejecutivo socialista está manteniendo una actitud irresponsable, de un activismo abortista impropio de quien ha de apoyar y exigir el cumplimiento de las leyes. Su última iniciativa refleja fielmente la intolerancia del PSOE hacia el Estado de Derecho cuando su funcionamiento lo deja en evidencia. El decreto anunciado por el Gobierno para proteger la «intimidad» de las mujeres que abortan no es más que una cortapisa a las investigaciones judiciales de las redes de abortos ilegales y a las inspecciones sanitarias de las Comunidades Autónomas. Resulta lamentable que la vicepresidenta del Gobierno defienda este proyecto en aras «de la equidad y de la calidad de la interrupción del embarazo». Al margen de la atrabiliaria utilización de estos conceptos -¿qué tendrá que ver la equidad con el aborto?-, en la defensa de este decreto no se incluye la defensa de la legalidad, pese a que el cumplimiento de la ley es lo que garantiza el ejercicio de los derechos. No es cierto que, como dicen las asociaciones pro abortistas -en otro ejercicio de ignorancia inexcusable de lo que están diciendo-, tengan un problema de seguridad jurídica. Precisamente, su problema es con el Código Penal, que advierte con claridad -y esto es la seguridad jurídica- cuándo el aborto es delito y cuándo no lo es.
¿Hacen falta garantías jurídicas? El foco de la polémica está en el supuesto que despenaliza el aborto por riesgo para la «salud psíquica» de la madre. Es aquí donde debe cambiarse el sistema, introduciendo informes forenses de la sanidad pública y una decisión final a cargo del juez de instrucción, la mejor instancia para despejar cualquier duda sobre la legalidad del aborto. Si se quieren soluciones sensatas, las hay, aunque la mejor ley del aborto es la que no existe. Si lo que se quiere es abortar mucho y con carta de impunidad, entonces el debate no gira en torno a la ley y el derecho de la mujer, sino a la cuenta de resultados de las clínicas abortistas y la satisfacción de los prejuicios ideológicos de la izquierda.

Un poco de claridad jurídica sobre el aborto
JULIO BANACLOCHE

EN la reabierta polémica acerca de la práctica del aborto en España se están utilizando muchos argumentos pretendidamente jurídicos que, no por carentes de fundamento, deben dejarse pasar sin ser rebatidos. Para empezar, se afirma que el aborto es un derecho de la mujer, llamado eufemísticamente «derecho a interrumpir el embarazo» o «derecho a la salud reproductiva» (como si el embarazo fuera de por sí una enfermedad). Nada más lejos de la realidad. En nuestro ordenamiento constitucional, el aborto provocado no sólo no es un derecho, sino que es siempre un delito; lo que sucede es que no resulta punible cuando concurren determinadas circunstancias señaladas por la ley.
Y es delito porque, jurídicamente hablando, la vida del feto es vida humana y, por tanto, protegible como tal. Así lo ha dicho el Tribunal Constitucional, en su STC 53/1985, de 11 de abril: «La vida del nasciturus, en cuanto éste encarna un valor fundamental -la vida humana- garantizado en el artículo 15 de la Constitución, constituye un bien jurídico cuya protección encuentra en dicho precepto fundamento constitucional». Escuchar voces, incluso de representantes públicos, que siguen hablando del feto no como un ser humano vivo, sino como un conjunto de células, o como una parte del cuerpo de la madre, no sólo implica un desconocimento absoluto de la realidad científica, sino del Derecho en su conjunto, que, de forma universal, considera al feto como un ser humano, y por eso declara delictivo el aborto no consentido, el aborto consentido fuera de los casos legales, el aborto imprudente, o las lesiones al feto, y le permite civilmente heredar, recibir donaciones o actuar en juicio a través de sus representantes.
A la vista de lo anterior, hay que insistir en que, con la doctrina constitucional existente, una ley de plazos, reclamada por algunos, sería inconstitucional en España, porque el derecho a la vida del feto sólo cede en razón de otros posibles derechos de igual grado, pero no por la mera voluntad de la madre que lo lleva y alimenta (algo que, por otra parte, tendrá que seguir haciendo durante muchos años después de haberle dado a luz, junto con el padre, evidentemente).
Cumpliendo, pues, su obligación legal de perseguir los delitos contra la vida humana, unos jueces de instrucción están investigando unos posibles delitos de aborto. Y en ejercicio también de sus competencias legales, algunas Administraciones Públicas están inspeccionando las clínicas privadas donde se practican abortos a fin de comprobar si se están cumpliendo las obligaciones establecidas. Pues bien, sin que se sepa muy bien por qué, a este Gobierno parece que le molesta que se cumpla con la legalidad vigente y, por boca de su vicepresidenta, anunció medidas para evitar que se vulneren «derechos» de las mujeres que abortan (es de suponer que se refiere a las mujeres que abortan dentro de los límites de la ley, porque lo contrario sigue siendo delictivo: art. 145.2 Código Penal).
Es decir que, sorprendentemente, el Gobierno no manifiesta su preocupación por que en muchas clínicas se puedan estar cometiendo delitos, ni porque en España se cometan más abortos proporcionalmente que en cualquier otro país de su entorno, con los traumas que supone siempre esa realidad; lo que le inquieta es que se esté aplicando la ley e investigando las oscuras actividades de muchas de las clínicas privadas que practican abortos.
En cualquier caso, deben hacerse dos aclaraciones: primera, que si el Gobierno pretende elaborar normas que afecten a derechos fundamentales, como son la vida o la intimidad, no puede hacerlo por real decreto (que es lo único que puede aprobarse antes de las elecciones), como se ha dicho, sino por ley, y además orgánica. Y segundo: que, en todo caso, el derecho a la intimidad de las personas cede ante los fines del proceso penal: del mismo modo que una persona a la que se viola debe declarar sobre los hechos constitutivos del delito, por muy desagradable que le resulte (y lo es, sin duda), igual deben hacer las mujeres que han sido protagonistas de abortos presuntamente ilegales, incluso aunque ellas estén exentas de responsabilidad penal (como así están entendiendo los jueces instructores por aplicación del art. 417 bis 2 del antiguo Código Penal, de forma muy favorable y comprensiva para las mujeres que han abortado, lo que nadie hasta ahora ha valorado en su justa medida). Y para eso no hace falta ninguna medida de protección a las mujeres que declaran: ya existen instrumentos suficientes para ello en la Ley procesal penal.
Habrá que estar, pues, atentos, al contenido concreto de las medidas anunciadas, si es que se terminan concretando en alguna norma: porque, a la vista de las actuaciones y declaraciones de algunos ministros, cabe sospechar, con fundamento cierto, que con la excusa de proteger a las mujeres que han abortado o abortarán, lo que realmente se pretende es servir los intereses crematísticos de las clínicas abortistas, agobiadas actualmente porque se les ha acabado el paraíso de impunidad en el que estaban viviendo. Y sería el colmo que la legislación sobre el aborto en nuestro país se hiciera pensando no en el ser humano con cuya vida se acaba, sino en la consolidación e incremento del negocio de las clínicas privadas que se lucran con él.

Aborto, un debate sin cerrar tras 25 años
POR M. J. PÉREZ-BARCO. MADRID.

Pocas leyes de nuestro ordenamiento jurídico han suscitado tanta convulsión en la sociedad española como en su momento se vivió la despenalización del aborto. Más allá de los apasionados debates que se desarrollaron en las salas y pasillos del Congreso de los Diputados y del Senado, la polémica caldeó la calle durante meses con multitudinarias manifestaciones de quienes se decantaban tanto a favor como en contra de la reforma.
Han pasado veinticinco años desde que la despenalización del aborto echó a andar y el debate no está cerrado, si cabe se ha reactivado con gran fuerza, sobre todo a raíz de los procesos judiciales abiertos recientemente contra algunas clínicas privadas de Madrid y Barcelona a las que se acusa de prácticas abortivas ilegales.
Un día como ayer, el miércoles 2 de febrero de 1983, el Consejo de Ministros aprobó por primera vez en España una iniciativa legislativa inédita para una joven democracia que ya había vivido meses atrás un gran giro político cuando el PSOE consiguió la mayoría absoluta. Aquel día, la despenalización del aborto se puso en marcha.
Constitución de la Ponencia
El PSOE propuso la despenalización del aborto en su programa electoral. Un mandato que «impulsó Fernando Ledesma, entonces ministro de Justicia», como recuerda Carlos López Riaño, uno de los diputados socialistas que vivió en primera persona el trámite parlamentario de la reforma.
Él junto a sus compañeros de partido María Dolores Pelayo y Vicente Antonio Sotillo formaron parte de la Ponencia, que se constituyó dentro de la Comisión de Justicia del Congreso y que redactó el informe sobre la despenalización del aborto, que después se votaría en las Cámaras.
Junto a ellos -además de representantes de Iniciativa Catalana, PNV e CiU- se encontraban dos oponentes de excepción: José María Ruiz-Gallardón -padre del actual alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón- y Antonio Pillado Montero, que enarbolaban la bandera del Grupo Parlamentario Popular, por entonces una coalición de la que formaba parte la antigua Alianza Popular y que había obtenido 107 representantes en los comicios.
Se trataba de reformar el artículo 417 (bis) del antiguo Código Penal regulando tres supuestos en los que el aborto no se consideraría delito: cuando sea «necesario para evitar un grave peligro para la vida de la embarazada», cuando sea consecuencia de una violación (hasta las 12 semanas) o cuando sea «probable» que el feto nazca «con graves taras físicas o psíquicas» (hasta las 22 semanas). Faltaba por concretar los informes médicos y psicológicos necesarios, que hoy se precisan para practicar la interrupción voluntaria del embarazo.
Grandes manifestaciones
Pero antes de que comenzara el trámite parlamentario, el debate ya estaba en la calle. «Existía una gran inquietud social por ver cómo se decidía este asunto -explica López Riaño-. La mayoría de la sociedad no era propicia a la despenalización». Como prueba de aquella preocupación la Comisión Nacional de Defensa de la Vida congregó en Madrid, en marzo de aquel año, a cerca de un millón de personas contra del aborto. En octubre, volvió a repetirse, como idéntico éxito de asistencia, la marcha.
Mientras, en la Comisión de Justicia y por la vía de urgencia, los diputados defendían sus posturas en «apasionados y duros debates desde el punto de vista jurídico y moral», recuerda el ex diputado popular Antonio Pillado. Su partido se mostró en contra de la despenalización desde el primer momento. De hecho, interpuso una enmienda a la totalidad que fue rechazada y, después, una serie de enmiendas al articulado que no prosperaron.
Y es que la mayoría absoluta de los socialistas hacía inviable otro resultado que la aprobación del proyecto salido de la mesa del Consejo de Ministros presidido por Felipe González. Las decisiones estaban ya tomadas. Aún así, Riaño no olvida «las duras negociaciones. Ruiz-Gallardón era un parlamentario excepcional». Como tampoco lo hace María Dolores Pelayo, su compañera: «Se discutían ideas con muchísimo respeto y siempre en un tono intelectual de altura».
En el pleno, el «enganchón» fue con Santiago Carrillo, del PCE. «Defendía el cuarto supuesto económico, porque lo consideró un derecho de las trabajadoras con menos recursos. Sin embargo, no era el momento histórico -explica Riaño-. Había circunstancias en el Estado español que no permitían ir más lejos».
El Gobierno socialista consiguió su objetivo y la despenalización del aborto salió de las Cámaras tal cual había sido la propuesta inicial. En el último pleno hubo algún que otro desmarque. «Algunos diputados del Grupo Socialista votaron en conciencia. Hubo compañeros que no asistieron a la votación -recuerda López Riaño-. En cierto modo, los partidos dieron libertad». CiU también se sumó.
Pero sólo dos días después de que el Senado aprobase definitivamente la reforma (30 de noviembre), Ruiz-Gallardón, junto a 54 diputados, interpuso un recurso de inconstitucionalidad. La despenalización del aborto se paralizó en espera de una respuesta del Tribunal Constitucional (TC), que tardó dos años en pronunciarse.
En su famosa sentencia de abril de 1985 el TC declaró «disconforme con la Constitución» la reforma que se había emprendido. Con el fallo en mano, el Gobierno reformuló el proyecto que entró en vigor en julio de aquel mismo año como lo conocemos hoy día.

Los expertos, también divididos sobre la necesidad de reforma de la ley


M. J. P-B.
MADRID. Las irregularidades que investiga la Justcia en clínicas abortistas de Madrid y Barcelona despertaron la alarma. A partir de ahí el debate para reformar o no la actual regulación del aborto ha calado hondo, más aún en plena campaña electoral, hasta el punto que incluso ha abierto más la brecha entre Gobierno e Iglesia. Si el PSOE gana las elecciones iniciará «una profunda reflexión», pero antes de que acabe la legislatura aprobará una norma que regulará las garantías en las que se practican los abortos, no sólo para las mujeres sino también para los profesionales de las clínicas. La discusión dará para largo. Algunos expertos opinan para ABC.
Juan Luis Lorda
Teólogo de la Universidad de Navarra
1. Lo que existe en España es una ley de despenalización del aborto en algunos supuestos. Es decir, que el aborto es un delito que, en algunos casos, no se persigue. Y realmente es un delito, porque supone matar una vida humana, que es un gran bien. El debate sobre el aborto en España ha sido hipócrita. Se introdujo la ley para evitar el número de abortos clandestinos. Dijeron que eran más de trescientos mil. Era mentira. Después, determinados sectores políticos han apoyado una constante burla de la ley. De forma que hoy en España, en lugar de ser un delito despenalizado, parece un derecho de la madre y lo paga la seguridad social. Un aborto es como quitarse un grano. Es una pena que las fuerzas políticas transmitan a la sociedad esta imagen, no ofrezcan otras soluciones y no protejan la vida del no nacido. Un aborto es siempre una gran tragedia y es profundamente antinatural.
2. Una ley de plazos supondría un paso más en este camino de quitar valor a la vida y de falta de protección por parte del Estado. Significa sancionar lo que ha sucedido. Que el aborto deja de ser delito para convertirse en un derecho. El derecho a matar a los hijos. Es antinatural.
Enrique Gimbernat
Catedrático de Derecho Penal
1. La despenalización del aborto puede adoptar una de estas dos modalidades: la solución de las indicaciones y la del plazo. En la primera sólo se autoriza el aborto en determinadas situaciones límite (peligro para la vida de la madre o malformación del feto, por ejemplo). En la segunda, el aborto es libre en los primeros meses del embarazo (generalmente hasta las doce primeras semanas), y se admite un aborto posterior a ese plazo únicamente en casos extremos, como cuando peligra la vida de la madre, en cuyo caso se puede abortar incluso en el momento del parto.
En España, en 1983, nuestro Código Penal adoptó la solución de las indicaciones, pero la circunstancia de que en el 97% de los casos de abortos «legales» que se practican en España éstos se realicen acogiéndose a la indicación del «grave peligro para la salud psíquica de la madre» pone de manifiesto que ese pretexto mayoritariamente tiene un contenido meramente «formal» y que, de hecho -aunque no de Derecho- en nuestro país la que rige es la solución del plazo. El legislador español debe dejarse de hipocresías, decidirse a llamar a las cosas por su nombre e introducir en el Código Penal la solución del plazo, con lo que, al mismo tiempo, evitaría la amenaza a la que continuamente están sometidos los médicos que emiten los dictámenes psiquiátricos.
2. No tengo la menor duda. El sistema de plazos es la solución mayoritaria en Estados de Derecho como el español y, por ejemplo, el Tribunal Constitucional alemán ha estimado que esa regulación es conforme con el artículo 2.2 de la Ley Fundamental de Bonn, que se corresponde literalmente con el artículo 15.1 de nuestra Constitución.
Juan José Rodríguez Sendín
Secretario general de la Organización Médica Colegial (OMC)
1. Desde la Organización Médica Colegial no entramos en lo que es necesario o no legislar en esta materia; en lo que sí insistimos es en la necesidad de cumplir la Ley y garantizar que los médicos hacen una práctica correcta, y con la formación adecuada para ejercerla, dentro del marco de la Ley. Insistimos en la necesidad de que los médicos que presenten objeción de conciencia sobre éste u otros temas puedan hacerlo oportunamente.
2. Hemos detectado que el tercer supuesto es insuficiente y puede inducir problemas de interpretación y que la ley de plazos puede ser una solución más justa y no interpretable. En cualquier caso, entendemos que se debe cumplir la Ley y que los médicos tienen que responder a la misma garantizando que se atiende adecuadamente las necesidades de salud.
Miguel Bajo
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid
1. La vida humana en formación está protegida por nuestra legislación penal de modo que su destrucción o, dicho de otro modo, la interrupción del proceso de gestación, se castiga con penas de prisión que son siempre inferiores a las del delito de homicidio. Estas dos realidades jurídicas, es decir, el castigo de la muerte del feto y que este castigo sea menos severo que la muerte de un nacido, es algo que se hunde en lo profundo de la memoria histórica y siempre fue aceptado desde cualquier ideología. La pregunta sobre la necesidad de una reforma va referida, sin embargo, a las exenciones de responsabilidad penal aparecidas en 1983, las llamadas indicaciones. El alcance actual es razonable, aunque puede perfeccionarse, lo cual no quiere decir que su reforma sea imprescindible, sino simplemente que es mejorable. Es mejorable porque hay que evitar la sensación de que hay vidas de menor valor que otras como así parece indicar la exención de responsabilidad cuando se prevean graves taras físicas o psíquicas en el feto.
2. Una Ley que permitiera el aborto antes de las primeras 12 semanas resolvería muchos problemas de carácter práctico, a parte de ser respetuosa con la voluntad de la mujer que sienta invadidos sus derechos por un embarazo no deseado. Sin embargo, hay quien piensa que podría ser inconstitucional por desproteger de modo absoluto la esperanza de vida humana en ese período, al contrario que el sistema actual que sólo resuelve un conflicto entre los intereses que representan la vida humana en formación de un lado y la libertad, dignidad e integridad de la madre del otro. En todo caso, hay que asumir que una sociedad que no es solidaria con el conflicto profundamente penoso que algunas madres sufren (por ser demasiado jóvenes, por excesivo número de hijos, por razón de salud, por haber sido forzadas, por riesgo de nacimiento de hijos deformes) no puede sumar a su falta de solidaridad un tratamiento punitivo con la mujer embarazada. Debemos asumir un papel solidario y fomentar la maternidad responsable y voluntaria, no pensar sólo en castigos y represalias.

El TC se pronunció en defensa de la vida


El TC reconoció en su sentencia «que la vida humana es un devenir, un proceso que comienza con la gestación» y que «la vida es una realidad desde el inicio de la gestación». Por ello, concluyó que «la vida del nasciturus, en cuanto éste encarna un valor fundamental -la vida humana- garantizado en el artículo 15 de la Constitución, constituye un bien jurídico cuya protección encuentra en dicho precepto fundamento constitucional». Para el TC ello implica para el Estado «dos obligaciones: abstenerse de interrumpir o de obstaculizar el proceso natural de gestación y establecer un sistema legal para la defensa de la vida».

 

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